04.04.2017

10 años sin Carlos Fuentealba, 10 años reclamando justicia completa

La represión policial ordenada por el entonces gobernador Sobisch en el corte de la ruta 22 en la provincia de Neuquén, en el marco de una protesta y huelga docente, hizo que el maestro Carlos Fuentealba sea alcanzado por una granada de gas lacrimógeno el 4 de abril de 2007. Murió al otro día. Continúa el reclamo de Justicia Completa.
Este 4 de abril, se cumplen 10 años de una jornada fatídica para los trabajadores en general y docentes en particular, ya que el corte de la ruta 22, en la provincia de Neuquén, realizado en el marco de una huelga del sindicato docente ATEN en 2007, fue reprimido por la policía provincial. Allí, el docente Carlos Fuentealba fue alcanzado a corta distancia por una granada de gas lacrimógeno.
 
Tenía 41 años y murió al día siguiente en el hospital Castro Rendón. Dictaba clases de Química en varias escuelas pero tenía la mayor carga horaria en el CPEM Nº69 ubicado en los humildes barrios del oeste neuquino, y era delegado. Antes de ser docente forjó sus ideas como trabajador de la UOCRA y como un gran luchador según recuerdan sus compañeros.
 
Cabe recordar que el año escolar 2007 en la provincia de Neuquén comenzó con un paro docente por 72 horas que exigía un salario básico igual a la canasta familiar, eliminación del presentismo, la extinción del trabajo precarizado y defendía los salarios de los jubilados.
 
A 10 años de ese terrible hecho, se sigue reclamando Justicia Completa y repudiando “la impunidad garantizada por el poder político y la Justicia neuquina al entonces gobernador Sobisch –quien reconoció que dio la orden de reprimir- y a los 15  policías que tuvieron a cargo el operativo”.
 
2007: Cronología de dos meses de lucha
Fuente: www.8300.com.ar
 
El viernes anterior al (no) inicio de clases, la dirigencia sindical se había reunido con representantes gubernamentales que les entregaron una propuesta. El lunes 5 de marzo, cuando debía comenzar el ciclo lectivo, las asambleas de todos los distritos provinciales rechazaron el ofrecimiento. Ese mismo día se conoció la renuncia del ministro de Educación, Mario Morán.
 
El paro, convocado en principio hasta el 7, se extendió hasta el lunes 12. La participación en las asambleas y las movilizaciones aumentaron paulatinamente. La adhesión tenía notables disparidades, el importante acatamiento aumentaba durante las jornadas de movilizaciones.
 
El 13 de marzo unas 5.000 personas participaron de la segunda marcha provincial. Dos días después se inició una gran caminata docente que unió los 180 kilómetros desde Zapala hasta Neuquén.
 
El 16 de marzo los y las docentes impidieron el ingreso de camiones a la refinería de Repsol-YPF en Plaza Huincul recordando el accionar de una patota que un año antes, vestida de obreros de la construcción, había corrido a golpes y piedrazos a militantes de Aten.
 
El 19 de marzo la caminata desde Zapala llegó a Neuquén. Unas 12 mil personas acompañaron el ingreso a la capital. El jueves 22, tras 17 días de paro, el Ejecutivo presentó una segunda propuesta. Las asambleas al día siguiente la rechazaron por desformar la estructura salarial, no dar respuesta a jubilados y jubiladas ni tampoco aumento a quienes se desempeñaban en enseñanza media.
 
El 27 otra movilización de 5.000 personas se dirigió al puente que une Neuquén y Cipolletti para recordar la brutal represión sufrida por el sindicato en 1997. Durante tres horas mantuvieron bloqueada la circulación.
 
Se realizaron nuevas asambleas el miércoles 28. En la del distrito Capital participaron unas 900 personas que decidieron profundizar la medida y cortar parcialmente los puentes carreteros entre el 29 y el 31 de marzo. En el resto de la provincia se decidió realizar bloqueos permanentes en las localidades de Zapala, Piedra del Águila y Las Lajas. Era un anticipo del corte que pensaban realizar si no había respuesta gubernamental. El año anterior esa metodología, que había impedido el normal desenvolvimiento del circuito extractivo petrolero, había dado un buen resultado: había obligado al Estado a negociar mientras mantenían la medida de fuerza.
 
El lunes 2 de abril, en la asamblea de la capital sus 900 participantes resolvieron cortar la ruta 22 a la altura del dique compensador de Arroyito, distante unos 50 kilómetros de la capital provincial. A poco de cumplirse un mes de comenzada la huelga, querían bloquear, durante la Semana Santa, la principal vía de comunicación hacia la región turística de Villa la Angostura, San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche. Las asambleas evaluaron que “Arroyito” era un corte difícil de sostener debido a la lejanía de cualquier población, pero el argumento de que era el único lugar que no podía ser sorteado con una ruta alternativa convenció a la mayoría. Los dirigentes sindicales ya habían lanzado esta posibilidad a los medios varios días antes como medida de presión. El plenario de secretarios generales ratificó la medida.
 
A la espera de una nueva propuesta gubernamental, y con el objetivo de preparar la acción del miércoles 4, se decidió levantar los cortes el 2 de abril. Únicamente en Zapala se mantuvo la medida.
 
Los funcionarios, que habían reclamado el levantamiento de los cortes, respondieron entonces que no iban a dialogar presionados por la continuidad del paro. Por su parte, la juez federal Guillermo Labate manifestó públicamente que la policía no necesitaba orden para actuar en caso de cortes y la justicia local estableció la conciliación obligatoria.
 
La represión y el asesinato
 
El miércoles 4 desde muy temprano más de medio millar de docentes de toda la provincia se dirigió al lugar donde se realizaría el bloqueo. Al llegar, encontraron móviles y efectivos policiales que, cuando comenzaban a preparar el piquete, iniciaron una furiosa represión. La retirada se dirigió hacia Senillosa, unos 15 kilómetros. La cantidad de vehículos dificultó la marcha. La velocidad era mínima. La policía no dejaba de tirar gases lacrimógenos y balas de goma.
 
Tras varias instancias de represión, el cabo de los grupos especiales Darío Poblete disparó con una escopeta lanzagranadas a pocos metros del auto que transportaba a Carlos Fuentealba e impactó en su cabeza.
 
Fuentealba fue trasladado al hospital Castro Rendón en Neuquén Capital, el de máxima complejidad provincial. Al otro día, durante la tarde, el parte médico informó su muerte cerebral.
 
Mientras en Arroyito se sucedía la represión, la multisectorial de organizaciones sociales y políticas de Neuquén se comenzó a reunir para repudiar lo sucedido en el centro de la ciudad. Allí esperaron a quienes volvían de Arroyito. Cuando llegaron, pasado el mediodía, todos marcharon hacia la casa de gobierno. Un sector se quedó allí y otro se dirigió hacia el puente que durante una semana permaneció cortado.
 
“Que se vaya Sobisch”
 
Ese miércoles el único funcionario provincial que intentó ofrecer algún tipo de explicaciones acerca de lo ocurrido fue el subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli.
 
El jueves 5 se realizó la asamblea de Aten Capital con la participación de 920 docentes que decidieron la continuidad del paro. Ese mismo día, Sobisch ofreció una conferencia de prensa en la gobernación que fue rodeada por un millar de manifestantes. El gobernador pudo salir por medio de un operativo vestido como policía y rodeado de efectivos en una camioneta de la fuerza que sorteó el cerco de manifestantes tras lanzar algunas granadas lacrimógenas.
 
Esa noche los médicos desconectaron a Carlos Fuentealba del equipo que lo mantenía respirando. Una marcha de 5.000 personas acompañó a los familiares del docente. En el silencio de la movilización se escondía la congoja, la bronca y el desconcierto.
 
El lunes siguiente se realizó una movilización de una magnitud excepcional en la provincia que repudió el asesinato. Ese 9 de abril congregó a unas 25.000 personas -según los dos diarios regionales. En el acto la compañera de Fuentealba, Sandra Rodriguez, dió un fuerte y emotivo discurso. “Al señor gobernador, como le dicen algunos, que dio la orden, quiero decir que fue como jalar el gatillo. Si es responsable, como dijo, y si le duele tanto que mi Carlos, el maestro haya muerto, su deber moral es renunciar”, reclamó. Por su parte, el secretario general del sindicato, Marcelo Guagliardo, llamó a mantener la escuela cerradas.
 
Desde esa fecha, la mayoría de las escuelas de la capital (incluidas varias de gestión privada) permanecieron cerradas. Con el transcurso de los días y tras la primera semana algunas instituciones privadas comenzaron paulatinamente sus actividades pero la mayoría de los establecimientos continuó con la medida.
 
La bronca se demostró de distintas formas y durante casi un mes: manifestaciones diarias, varios escraches por día y corte de los puentes Neuquén-Cipolletti y Centenario-Cinco Saltos en simultáneo con un acampe rodeando la Casa de Gobierno.
 
Obreros de Zanón, trabajadoras de la Salud (otrora modelo nacional y entonces “en crisis”), empleados y empleadas estatales y judiciales en reclamo de un salario digno, estudiantes de la universidad que hacía un año mantenían inactivo el Consejo Superior solicitando la democratización del gobierno de la Unco y diversos partidos políticos, entre tantos se sumaron al reclamo de las y los docentes de “que se vaya Sobisch”.
 
El asesinato del docente Carlos Fuentealba generó un conflicto social de dimensiones inusitadas que cuestionó duramente al Poder Ejecutivo provincial y, en particular, al mandato del gobernador Jorge Omar Sobisch. Tras la muerte del docente, distintos reclamos particulares se encolumnaron detrás de la consigna “Fuera Sobisch” y, posteriormente, la de “Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos”.
 
El 10 de abril el gobernador anunció la renuncia de la ministra de Seguridad y Trabajo Susana Arévalo y del ministro de Empresas Públicas a cargo de la cartera educativa Alfredo Estévez. También separó de su cargo al subsecretario de Seguridad Raúl Pascuarelli y al jefe y al subjefe de Policía. Sobisch nombró a su Jefe de Gabinete, Jorge Lara, también como Ministro de Gobierno, Educación y Justicia.
 
El desenlace
 
El 11 de abril se levantaron los cortes en los puentes y se concentró la actividad en el acampe que rodeaba la Casa de Gobierno. Se reunió una coordinadora intersindical con presencia de gremios nucleados en la CTA y en la CGT que acordaron exigir la renuncia de Sobisch. En una segunda reunión estuvo presente la segunda línea de dirigentes de gremios con mucha fuerza y vinculación con el MPN como el de Petrolero Privados.
 
Aten rechazó al ministro Jorge Lara como interlocutor válido por considerarlo responsable del fusilamiento por su condición de jefe de gabinete al momento del asesinato.
 
El jueves 12 se realizó una marcha por los 10 años del fusilamiento de Teresa Rodríguez en Cutral Co.
 
Al día siguiente, 1.500 personas participaron de la asamblea de Neuquén Capital. Se votó a favor de levantar las consignas de “Juicio y castigo” y “Que se vaya Sobisch” y de solicitarle al Estado que presente una propuesta por escrito, sin mesa de negociación. El ministro Lara fue internado por una neumonía.
 
El sábado, el candidato a gobernador por el MPN, Jorge Sapag, ofreció una conferencia de prensa a agenda abierta. “Sobisch debe completar su mandato”, tituló el diario Río Negro y “Trabajaremos por la paz social”, tituló La Mañana Neuquén.
 
El lunes 16 de abril el gobierno provincial inició una serie de acciones tendientes a desgastar la medida de protesta: firmó un decreto de aumento salarial, inició una fuerte campaña publicitaria y de prensa y envió a su estructura de punteros a abrir las escuelas. Ese mismo día se realizó una marcha de unas 15 mil personas.
 
El 17 la asamblea primero y el plenario después decidieron no aceptar el decreto de aumento porque achataba la escala salarial. Y el MPN convocó a padres a “mantener las escuelas abiertas”.
 
El jueves 19 de abril el gobierno decretó la “emergencia educativa”, por la que –como había anticipado la subsecretaria de Educación, Mara Álvarez– el Ejecutivo estaba facultado para nombrar suplentes en los colegios donde faltasen docentes y así asegurar el derecho a la educación de los niños. La medida comenzaría a tener vigencia desde el siguiente lunes y -aseguraban- no se violaba el derecho a huelga.
 
El 20 de abril la asamblea decidió proponer un interlocutor válido para la mesa salarial y sostener el paro hasta el 24 con evaluación. Se aceptó la negociación con el ministro de Hacienda, Claudio Silvestrini. Continuó la vigilia rodeando la Casa de Gobierno.
 
El 21 se acordó realizar una mesa de negociación. Además, el gremio realizó una presentación judicial sobre la inconstitucionalidad del decreto de Emergencia Educativa. El lunes 23 el Gobierno convocó a los representantes docentes a reunión en una iglesia. Sin acuerdo sobre el punto de la recomposición salarial, se pasó a cuarto intermedio.
 
La escena se repitió el martes 24. Al otro día los docentes en asamblea votaron no permitir más cuartos intermedios para apurar la resolución de la mesa salarial. Sostuvieron el paro hasta el 27. El 26, la mesa acordó una propuesta de mejoramiento salarial.
 
El viernes 27 las asambleas aprobaron la propuesta “con exigencia de modificaciones pero sin condiciones”. Luego se reunió nuevamente la mesa de negociación y se firmó el acuerdo.
 
Durante casi un mes la gobernación provincial estuvo rodeada de carpas y actividades en repudio del asesinato y solicitando la renuncia del gobernador acusado de ser el responsable político. El viernes 27 de abril, tras la decisión oficial de ofrecer un aumento salarial que no “achatara” más la carrera docente, el plenario de secretarios generales de Aten decidió por 13 votos contra 6 levantar el paro y el acampe.
 
El 30 de abril comenzaron las clases en casi todas las escuelas. Sin embargo, hubo serios problemas para volver al dictado normal de clases en las escuelas que estuvieron tomadas por padres y punteros del partido provincial.

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