El encuentro se realizó este miércoles 6 de agosto en la Legislatura provincial en el marco de las audiencias públicas para la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías.
Esta Comisión, presidida por Alejandra Rodenas, aborda la reforma de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Provincial. Tiene a su cargo el estudio de artículos ya existentes y la incorporación de nuevos derechos: digitales, ambientales, científicos, de acceso al agua y de protección a consumidores y usuarios, entre otros. Su misión es fortalecer el enfoque de derechos en clave contemporánea, con perspectiva inclusiva y de futuro.
Jorge Hoffmann, secretario de Acción Política, explicó las propuestas presentadas por ATE para la Reforma de la Constitución para un Provincia Más Justa y Participativa.
Disertación de Jorge Hoffmann.
“Bueno, en primer lugar, quiero no polemizar, simplemente manifestar mi más absoluta oposición al pensamiento de un destacado miembro de esta Comisión Constituyente que dijo que la nueva Constitución de Santa Fe no va a ser garantista. Yo, en los manuales de Instrucción Cívica de tercer año del secundario o cuarto año, entendí que precisamente el nacimiento de las constituciones en el mundo tenía como ser el garantizar los derechos, deberes y garantías de los ciudadanos frente al poder monárquico.
Hoy es frente a las grandes corporaciones. Por eso le pediría a este convencional constituyente que estudie un poco el significado de lo que es la Constitución y dejemos de imitar a nuestro presidente Milei. Nosotros planteamos algunas cuestiones que no son menores, pero quizás no son tan polémicas, como en el caso de las medidas de acción positiva, donde la iniciativa legislativa propone la protección, el desarrollo y la provisión para los menores, los ancianos, las minorías, los pueblos originarios, las personas con discapacidad.
–Medidas de Acción Positiva para Personas con Discapacidad
–Sitios de la Memoria como Patrimonio Cultural
Expresamente incorporamos en el texto constitucional los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo en esta época de tanto castigo hacia ellas en la Argentina, otorgándoles derechos para que puedan llevar una vida en igualdad con el resto de los habitantes de la Nación Argentina. Del mismo modo, en el caso del Patrimonio, se declara como patrimonio provincial a los sitios de la memoria.
–Transparencia en Organismos de Seguridad Social
– Participación Sindical en la Gestión de la Seguridad Social
Esto no requiere mayor fundamento y creo que va a salir, en todo caso, por unanimidad. Con respecto a nuestros organismos de seguridad social, el IAPOS y la Caja, planteamos no solo el derecho a la información, sino también la obligación de las autoridades de ambas instituciones de informar a las organizaciones de los trabajadores.
La Cámara sancionó una integración de una comisión para este propósito en el ámbito de la Caja de Jubilaciones. En el caso de IAPOS, planteamos exactamente lo mismo, y además, el derecho a tener iniciativas que pueden o no ser aprobadas. No estamos planteando que queremos conducir IAPOS; estamos planteando el derecho a la información, porque somos nosotros, los trabajadores, los grandes aportantes allí. Además, el IAPOS necesita incorporarse a un proceso de transparencia, luego de muchos años de oscuridad.
Yo creo que los gobiernos de la Provincia de Santa Fe, para irme lejos o no tan lejos en este nuevo siglo, han sido gobiernos decentes, han sido gobiernos honestos. No estoy planteando corrupción. Lo fue Obeid, lo fue Binner, lo fue Bonfatti, lo fue Lifschitz, lo fue Perotti, y también aspiro que lo sea este. Los seis. No tengo ninguna objeción en ese sentido.
Sin embargo, hay bolsones de corrupción en el IAPOS, hay bolsones de corrupción en ella, concretamente en materia de medicamentos. Hay una organización que tiene un tufillo, al menos, de ser una estructura mafiosa, por los mecanismos de apriete que genera, incluso a través de algunos destacados medios. Ha sido dirigida por honorables ministros de la provincia, quienes han enviado mensajes a través de los medios precisamente por indagar al respecto.
Estos convenios pueden solucionarse a partir de la transparencia de la información. Bajo el legítimo derecho de los farmacéuticos a conformar sus colegios, se esconde una verdadera empresa cuasi delictiva. Tal es así que los acuerdos los firma el gerente, el contador Espinaco, que no es precisamente un colegiado.
–Régimen público de reparto “asistido” y solidario
Entonces queremos participación, por lo menos acceso a la información, en las decisiones que se toman y el derecho a presentar iniciativas con respecto a la Caja de Jubilaciones. Por supuesto que estamos de acuerdo con la propuesta legislativa, pero además consideramos que el régimen debe ser público, solidario, asistido y de reparto. ¿Por qué asistido? Porque ninguna caja en el mundo hoy funciona con un régimen de reparto puro, y frente a determinadas situaciones el Estado tiene que asistirla.
Más allá de los aportes del Estado, patrón, del Estado empleador y de los trabajadores, hay que agregar que esto es así, y vaya si no lo es. Fíjense lo que es el sistema de seguridad social nacional.
–Derecho a la Salud. Especialidades médicas. Historia clínica digital
Otro tema: queremos plantear la necesidad de planificar definitivamente en salud. Nosotros nos movemos en el terreno de la salud como lo hacíamos en el siglo pasado, donde el peso de las corporaciones determinaba el modelo de salud.
Argentina es un país maravilloso con la mayor cantidad de médicos por habitante de América, solo superado por Cuba. Sin embargo, los egresados de la universidad pública, que pagamos entre todos con gran satisfacción, también son costeados indirectamente por cada persona que compra un litro de leche.
De repente, nos encontramos con una escasez de oncólogos, terapistas infantiles y anestesiólogos. Esto plantea una pregunta crucial: ¿dónde reside el poder y la soberanía del Estado?
El problema radica en que son los propios especialistas de estas áreas quienes deciden sobre las residencias. Como resultado, no hay suficientes cupos para las especialidades más demandadas, como anestesiología, terapia pediátrica u oncología infantil.
Por ello, es fundamental que el Estado recupere su capacidad de planificación para garantizar la formación de los profesionales que el país necesita.
El Estado debe actuar en conjunto con las asociaciones médicas, las universidades y el sector privado de la salud, ya que todos forman parte del sistema.
Es crucial que exista una planificación de los recursos humanos en el área de la salud, para evitar que el actual sistema beneficie solo a un grupo muy pequeño de profesionales. No olvidemos que sus carreras fueron costeadas por toda la sociedad a través de la universidad pública.
No podemos seguir sin una historia clínica única. Esta es una propuesta que surgió antes de este siglo, pero que la instaló Ginés González García, la impulsó con fuerza.
El objetivo es que cada persona tenga un registro de su historial de salud que le permita conocer su evolución. Así, un médico podrá acceder fácilmente a todos los análisis, resultados y medicamentos recetados, garantizando una atención más eficiente y completa.
La implementación de una historia clínica única no perjudica a nadie y, por el contrario, generaría un enorme ahorro al evitar la repetición innecesaria de estudios.
Dado que esta situación se arrastra hace más de veinte años, su implementación debería ser por mandato constitucional. Es el pueblo quien debe exigirle al Estado que actúe en consecuencia. Estos dos aspectos deben ser garantizados por la Constitución.
Finalmente, es una lástima que el presidente del Consejo Municipal de Rafaela, del Partido Demócrata Progresista, ya se haya ido. No compartimos el mismo espacio político, pero me reconforta enormemente que podamos coincidir en la necesidad de avanzar hacia el futuro a través de la promoción de las nuevas tecnologías.
Esto no debe ser una simple declaración, sino un mandato constitucional. De lo contrario, se convierte en una mera formalidad sin impacto real. Por eso, es fundamental crear una empresa pública de nuevas tecnologías, enfocada en la inteligencia artificial y la biotecnología, con la participación de las cuatro universidades públicas de la provincia.
–Empresa Pública de Innovación con Inteligencia Artificial y Biotecnología
Esta provincia es la provincia que más instituciones tiene dedicada a la ciencia y la técnica. Lo tenemos acá en el CONICET, que como bien dijo el compañero, el CONICET tiene una dependencia que es incubadora de empresas. Sí, también para que sean incubadoras de empresas, no solo el sector estatal, pero nosotros les cuento, entre mañana y pasado vamos a hacer una mega encuesta para ver en qué se está aplicando la inteligencia artificial en el Estado para modernizar, en principio este Estado, para transferir ese conocimiento a los municipios y comunas y para hacer de este Estado un Estado inteligente.
La empresa de nuevas tecnologías no debe limitarse al sector estatal. Debe integrar a los sectores productivos (campo, industria y servicios), así como al mundo del trabajo a través de los sindicatos.
Su creación no implicaría un costo elevado, ya que el principal insumo, los recursos humanos, ya lo tenemos en la provincia. De hecho, el Estado cuenta con más de 450 empleados públicos de excelencia, egresados de la Universidad Nacional del Litoral, especialmente en el área de informática, que es clave para la inteligencia artificial.
Nunca antes, bajo ningún gobierno provincial, ha existido una política de desarrollo del conocimiento en áreas como la informática y la inteligencia artificial. Por eso, considero que estos dos últimos puntos significan legislar para el futuro.
Ojalá que la próxima reforma constitucional no nos encuentre con el mismo retraso de 65 años que tuvo la de 1862, que, aunque fue una buena Constitución, tardó mucho en actualizarse.
A pesar de la histórica ausencia del peronismo, digo: por favor, si no se aprueban estas propuestas, la reforma constitucional quedará reducida únicamente a la reelección del gobernador.
Aunque estoy de acuerdo con la reelección, si iniciativas como la creación de la empresa provincial, la organización del plan de salud y la democratización del IAPOS (para terminar con las corporaciones corruptas enquistadas) no prosperan, la gente dirá que solo se hizo para facilitarle la reelección al gobernador. Esto sería una enorme frustración para un pueblo descreído, que ya está harto de las instituciones, de referentes políticos, gremiales y sociales”.
Integran esta Comisión por Unidos para Cambiar Santa Fe: María Victoria Tejeda, Germán Baumgartner, Leonardo Diana, Lucía Masneri, Arnaldo Ghione, Joaquín Gramajo, Franco Svegliatti, y Gisel Mahmud; por Más para Santa Fe: Alejandra Rodenas, Osvaldo Sosa, y Facundo Olivera; por La Libertad Avanza. Elisabet Vidal y Juan Pedro Aleart; por Somos Vida y Libertad: Juan Argañaraz; por el Frente de la Esperanza: Caren Fruh y por Activemos: María Victoria Capoccetti