En esta instancia se juzgarán a militares y policías, que integraron verdaderos batallones criminales, para asesinar en sus domicilios o en la vía pública, a militantes políticos que denunciaban y resistían a la dictadura genocida.
El caso más resonante fue la masacre del 19 de enero de 1977 en Ituzaingó y Las Heras contra cuatro militantes, a los que rodearon con más de 200 efectivos, y utilizaron armas pesadas de guerra.