La política energética de la alianza Cambiemos ha propiciado el retorno explícito al marco regulatorio neoliberal sancionado en comienzos de los noventa. La vuelta se organizó alrededor de seis decisiones que conforman la estructura de la intervención estatal para el sector:
- Corrimiento del Estado como operador relevante para favorecer la iniciativa de empresas privadas, quienes controlan precios, extracción, inversiones y calidad de servicios.
- Fijación de precios internos a su costo de oportunidad (entendido como paridad de importación).
- Dolarización de precios energéticos.
- Acople de precios internos a la dinámica del mercado internacional, acompañada con apertura importadora como reguladora del proceso de exposición externa.
- Desacople del sector de la dinámica del resto de la economía.
- Empresarios y ex empleados de empresas energéticas privadas en la conducción del Ministerio de Energía y Minería.
Revisión
Hacia finales de 2015 resultaba necesario una revisión integral de los precios energéticos debido a los impactos macroeconómicos que tuvo la política importación para cubrir la brecha entre una oferta declinante y una demanda que crecía. Sin embargo, el “sinceramiento tarifario” impulsado por Cambiemos tuvo como principal objetivo reducir subsidios para disminuir el déficit fiscal, trasladado los incrementos a los usuarios finales.
La lógica pro mercado de la política energética de Cambiemos tuvo un fuerte impacto sobre los servicios públicos, generando efectos regresivos tanto en los ingresos de los hogares como en las condiciones de acceso a los mismos. Si bien se diseñaron tarifas sociales, la escasa cobertura de consumo contemplada como su limitación a tan sólo dos años y medio de haberlas concebido, son un emergente de la insensibilidad de la actual política energética.
Subsidios
Desde comienzos de 2016, la reducción de subsidios implicó un fuerte incremento en los precios de la energía y en las tarifas de los servicios públicos. Considerando un usuario de consumo medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la política de quita de subsidios e incremento tarifario sobre los servicios públicos implicó un gasto adicional anual por hogar de 39.083 pesos, contemplando la diferencia de tarifas entre octubre de 2015 y 2018.
El importe anual se explica de la siguiente manera. En gas natural, un usuario R31 de Metrogas con un consumo promedio de 107 metros cúbicos mensuales, en octubre de 2015 pagaba 142,7 pesos y tres años después paga, por el mismo consumo, 1571,6 pesos. En otras palabras, ese usuario de consumo medio hoy paga 1001 por ciento más que tres años atrás, lo que implica un gasto anual adicional de 17.146 pesos por hogar.
En electricidad, por su parte, un usuario R5 de Edenor con un consumo promedio de 547 KWh por mes, pagaba 46,3 pesos en 2015 y en 2018 esa misma factura se abona 1613,3 pesos que implica un incremento de 3387 por ciento y un gasto anual adicional de 18.804 pesos.
En el servicio de agua y saneamiento un usuario de AYSA con un coeficiente zonal de 1,8, una tarifa general diaria para el cargo variable de 0.9172 y una superficie total del hogar de 100 metros cuadrados, pagaba 66,8 pesos en 2015 y después de los ajustes en las tarifas su factura pasó a ser de 327,8 pesos mensuales, implicando un incremento de 391 por ciento y un gasto adicional anual de 3132 pesos.
Salarios
Comparar el incremento tarifario de los servicios públicos en relación a los salarios permite dimensionar la magnitud del cambio de los precios relativos y comprender la orientación de la política energética.
Considerando la mediana del salario de los trabajadores registrados del sector privado, en 2015 se necesitaba 2 por ciento del salario para afrontar el pago mensual de los tres servicios públicos, mientras que en 2018 se necesita 14 por ciento del salario. O lo que es lo mismo, si en 2015 se necesitaba un cuarto del salario mensual para afrontar el pago anual de los servicios públicos, en 2018 se necesita más de un salario y medio. Y esto aun considerando el incremento de 119 por ciento en el salario registrado del sector privado, el de mayor recomposición entre 2015 y 2018.
Pero para el grueso de trabajadores no registrados, o incluso aquellos en sectores de actividad con una representación sindical débil, los impactos sobre los ingresos fueron aún mayores. Y el escenario futuro se puede volver aún más regresivo, ya que el gobierno ha afirmado que la quita subsidios e incrementos tarifarios va a continuar durante 2019.
Más aumentos
En agua y saneamiento, se ya se anunciaron dos nuevos incrementos, 17 por ciento en enero y de 27 por ciento en mayo.
En gas natural, si bien se ha puesto en “suspenso” el sendero de precios que implicaba un incremento adicional de 62 por ciento en dólares en el precio del gas natural en el PIST (¿se va a trasladar la devaluación 2018 y 2019 a los usuarios finales?), aun se pueden esperar actualizaciones semestrales para las transportistas y distribuidoras, que piden trasladar el incremento de costos a la tarifa. El jueves pasado, el secretario de Energía, Javier Iguacel, adelantó en conferencia de prensa que habrá un aumento del 35 por ciento en abril próximo.
En energía eléctrica se espera un escenario similar al del gas natural, pero con una particularidad. Como el costo de la electricidad también esta dolarizado, con un incremento en 2018 de 66 por ciento en el precio estacional (el de los usuarios finales), hoy pagamos un porcentaje menor del precio monómico (el que se les paga a las empresas que generan energía eléctrica). Es decir que, aun con un 66 por ciento de incremento en 2018 para los usuarios finales, el precio de la energía que pagan los residenciales aun debería duplicarse para cubrir el precio de la generación. En esa misma conferencia, Iguacel informó que la luz subirá 55 por ciento hasta agosto próximo.
Bienes públicos
No caben dudas respecto a la relación que existe entre el acceso a los servicios públicos y el mejoramiento de la calidad de vida los hogares. En 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, entendido como recurso esencial para el reconocimiento de los demás derechos humanos inalienables.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas establece que el acceso a los servicios energéticos modernos, seguros, asequibles, sostenibles y a costos razonables resulta esencial para mitigar el cambio climático global, para reducir la pobreza y para mejorar las condiciones de vida de la población. Incluso en la Patagonia, donde miles de hogares están expuestos a bajas temperaturas durante tantos meses al año, no resulta socialmente viable dejar librado al mercado la fijación del precio de la energía y las condiciones de su abastecimiento.
Sin ir en desmedro de la ecuación económica–financiera de las empresas (públicas o privadas) que brindan servicios públicos, existen modelos de regulación alternativos al neoclásico implantado en las reformas de los ‘90. Resulta imprescindible volver a ubicar la discusión de los servicios públicos considerándolos bienes públicos que sirven tanto como igualadores sociales como para mejorar la calidad de vida de la población, que deben ser socialmente viables al tiempo de reconocer una rentabilidad razonable y sostenible para las empresas que brindan los servicios. Esta es aún una discusión pendiente en el país.
Por Esteban Serrani. Investigador Conicet en Idaes-Unsam.
Fuente: Pagina 12