Además, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, consideró “un error político de parte de un gobernador de una administración del Frente Progresista que condene de esta manera a los trabajadores/as que en su legítimo derecho quieren protestar. Es una práctica desleal por donde se la mire, por lo que no nos dejará margen más que para la denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo -OIT-”.
El reclamo, tan genuino como justo, es por un salario al que no le gane la inflación, como ocurrirá durante 9 meses de este 2018 con la actual política salarial, y por los tarifazos de servicios esenciales para una vida digna.